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DECLARACIÓN PÚBLICA
Durante los días 28 y 29 de octubre del 2009, realizamos el II Encuentro Binacional por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Eugenésico y Ético entre Nicaragua y El Salvador, con la participación de mujeres y hombres de diferentes instituciones y organizaciones que trabajamos en ámbitos académicos, jurídicos, en el sector de la salud, organizaciones de derechos humanos, comunicadoras, organizaciones de mujeres, feministas, y activistas de la sociedad civil, acompañadas de especialistas de Colombia, México, República Dominicana y Estados Unidos; con el objetivo de compartir las graves consecuencias de la penalización absoluta del aborto, en la vida y la salud de las mujeres, así como en el ejercicio profesional de los prestadores de servicios de salud.
Nicaragua y El Salvador, son dos de los cuatro países en América Latina con leyes totalmente restrictivas en relación al aborto, sin tomar en cuenta los derechos humanos de las mujeres, ni siquiera cuando la vida y la salud de las mujeres está en peligro; tampoco en casos de malformación congénita incompatible con la vida humana y menos aún cuando el embarazo es resultado de violación e incesto.
Durante el encuentro se analizaron las repercusiones de la penalización del aborto en la vida de las mujeres, evidenciando:
a. El incremento de morbilidad obstétrica y riesgo de morir por la falta de acceso al servicio seguro de salud para la interrupción del embarazo y salvaguardar la salud y la vida de las mujeres; siendo las más afectadas las que viven en situación de pobreza;
b. El incremento de mujeres pobres que son obligadas a recurrir a abortos clandestinos e inseguros que comprometen aún más su vida y su salud;
c. La situación de mujeres que buscando como salvar su vida han tomado la difícil decisión de interrumpir el embarazo en condiciones de insalubridad; siendo víctimas de la persecución penal, estigmatizadas como criminales y encarceladas.
d. La tortura que sufren las niñas y mujeres al ser obligadas a llevar a término un embarazo producto de violación y/o incesto;
e. La irresponsabilidad sexual y reproductiva de los hombres y la sociedad patriarcal son factores que se deben visibilizar para no profundizar la desigualdad política, social y jurídica de las mujeres.
Por tales circunstancias, hacemos un llamado a las organizaciones e instituciones que defendemos los derechos humanos a demandar enérgicamente a los Estados de El Salvador y Nicaragua:
1. El respeto de los derechos constitucionales y derechos humanos de las niñas y mujeres.
2. Cumplir con los compromisos internacionales en materia de derechos humanos y en tal sentido cumplir con la Recomendaciones emitidas por los órganos de tratados de Naciones Unidas para países que tienen penalizado el aborto sin excepciones, siendo la última la emitida en mayo de 2009 por el Comité contra la Tortura al Estado de Nicaragua en el cual “El Comité urge al Estado Parte a que revise su legislación en materia de aborto, tal como fue recomendado por El Consejo de Derechos Humanos, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en sus últimas observaciones finales y que estudie la posibilidad de prever excepciones a la prohibición general del aborto para los casos de aborto terapéutico y los embarazos resultantes de violación e incesto. De conformidad con las directivas de la Organización Mundial de la Salud, el Estado Parte debe garantizar el tratamiento inmediato y sin condiciones de las personas que buscan atención médica de emergencia. Asimismo, el Estado debe evitar penalizar a los profesionales de la medicina en el ejercicio de sus responsabilidades profesionales.”
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