El nuevo fiscal

La Asamblea Legislativa se enfrenta a la elección del Fiscal General de la República, un nombramiento de especial importancia en la vida de la nación porque es el funcionario que investiga el delito y acusa penalmente. De su entereza, objetividad, acuciosidad, valentía, depende mucho la consolidación democrática. Hay dos aspectos en esta elección: una el tiempo en que ésta se realizará y la otra, la persona que finalmente será escogida. Respecto a lo primero, el plazo ya se cumplió y actualmente como se sabe, es el Fiscal nombrado por el anterior Fiscal propietario, el Adjunto, quien está al frente de esta institución. Esto por supuesto es tremendamente irregular ya  que en todo estado de derecho prevalece el principio democrático, el pueblo en quien reside la soberanía, delega en sus representantes el ejercicio del poder público. Cuando el Fiscal propietario fungía electo por supuesto por nuestros representantes, tenía la facultad de nombrar un adjunto, pero terminado su período terminó también la de su adjunto. Ante la irresponsabilidad del Organo Legislativo al no elegir a tiempo el sucesor, el Fiscal adjunto funge provisionalmente en abierta violación de nuestra Constitución. Los jueces y juezas que no  aceptan el requerimiento del actual “Fiscal” obedeciendo a la Constitución, actúan correctamente, ellos también deben defenderla.  En relación con el segundo aspecto, la elección de la persona idónea para el cargo, la situación se torna más complicada, porque los partidos políticos suelen considerar sus intereses y no los del pueblo, eso se ha visto desde que surge la segunda República con los Acuerdos de Paz. Negocian sin tomar en cuenta  el interés de la nación sino los de su agrupación, por supuesto a  espaldas del pueblo soberano que los ha delegado  para que ejerzan el poder en su nombre, de acuerdo con sus intereses y necesidades.  La democracia requiere mucha paciencia, esfuerzo, dedicación, pero sobretodo para su consolidación, el concurso activo de los   partidos políticos en el parlamento, estos son la pieza clave como intermediarios entre el   pueblo y el poder. El nuevo Fiscal debe responder a las necesidades del país y no a las de un  partido político o a intereses particulares, y entre sus atributos no debería faltar la imparcialidad y la valentía para investigar seriamente el delito y erradicar la impunidad en el país. Debe por supuesto, poseer experiencia en materia penal, y profundo conocimiento del derecho constitucional y del derecho internacional de los derechos humanos,  pero sobretodo, independencia de criterio.